Prevén cobrar 45 millones por sanciones de ilegalidades urbanísticas en zona rústica

El Ayuntamiento anuncia mayor dureza en la aplicación de multas tigadores

PEP CÓRCOLES. Inca.

El ayuntamiento de Inca endurecerá este año la aplicación de sanciones por ilegalidades urbanísticas, según han confirmado los concejales de Hacienda, Mateu Dupuy, y de Urbanismo, Bartomeu Seguí. El delegado de Hacienda manifiesta que “el alcalde Pere Rotger ha manifestado que se procure el cobro de las sanciones”.

La previsión de ingresos que Dupuy ha estimado sobre las cuentas municipales de este año es de 45 millones de pesetas por el concepto de cobro de sanciones. El edil especifica que se trata de “una cantidad que se ha tomado a la baja, puesto que con la cantidad de expedientes sancionadores que hay pendientes de cerrar se podrían haber presupuestado hasta 60 millones de pesetas sin temor a error”.

El concejal de Urbanismo explica que “en estos momentos hay en proceso de resolución o ya resueltos una cifra algo superior a los 80 expedientes”. Un 95 por ciento de dichos documentos corresponden a infracciones urbanísticas en la zona rústica.

La próxima semana se iniciará la notificación de las sanciones a los afectados. Seguí informa que “cada semana se entregaran unas 20 notificaciones, para evitar que el servicio de reparto municipal se vea colapsado y se produzca la caducidad de los mismos mientras esperan para ser entregados”.

Este proceso es una consecuencia de la revisión del catastro en zona rústica, iniciada hace dos años. El trabajo efectuado ha sacado a la luz numerosos casos de infracción que no habían sido detectados por los servicios habituales de inspección municipal. Los expedientes que se han resuelto primero son los de los casos más graves. Seguí explica que “se trata de casas enteras construidas sin ningún tipo de licencia”.

Las sanciones impuestas no implican que la construcción quede legalizada. Paralelamente, se ha de iniciar el proceso de legalización, para los casos en que sea posible, con el pago de cuatro años atrasados de contribución, el proyecto y la licencia de obras.

Hay muchos casos en los que la legalización no será posible. Seguí declara que “cada uno de ellos será estudiado por separado. Es posible que algunas cumplan con la normativa antigua pero no con la actual, con lo cual es posible que haya una vía”. Seguí dice también que “no podemos descartar que en algunos casos no se haya de solicitar el derribo de las construcciones”.